Por: Dr Evelio Diaz Cristancho – Vicepresidente SMPB

La declaración universal de los Derechos Humanos en su artículo 19 reconoce la libertad de expresión, al tiempo que en el artículo 29 enuncia sus límites con el fin de asegurar el reconocimiento, el respeto a los derechos y libertades de los demás y para satisfacer las justas exigencias a la moral y el bienestar general de una sociedad democrática. O sea, este derecho a la libre expresión no puede ir en dirección opuesta de los principios de la ONU, por consiguiente, el derecho a la libertad de expresión entraña deberes y responsabilidades especiales, está sujeto a ciertas restricciones como asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás.

Así mismo, la Constitución nacional de 1991 en su artículo 20 contiene “…la libertad de expresión… y tienen responsabilidad social”. En tiempos de la posverdad, las fake news es necesario delimitar el significado de opinión que, es bien diferente de agresión, acoso y matoneo sistemático, que es a lo que ha sometido vanguardia liberal a la SMPB, por lo tanto, a cada uno de los miembros de la Sociedad, porque el escrito de la demandada no dice que la sociedad se robó el parque, dice “nos robaron el parque” en general, sin demostrar que ni ella ni la ciudadanía eran o son dueñas de algún parque robado.

Presentar a la parte violadora del derecho a la honra y buen nombre como víctima de quienes han sido víctimas de la agresión, desdice mucho de la justicia, quien al parecer no tiene nada claro que significa el termino; la columna calumniadora nunca ofrece información como lo asegura la decisión, a todas luces es calumniosa, no respeta el rigor periodístico y en ningún momento está orientada “a dar a conocer actos anómalos” en una entidad privada, sin ánimo de lucro.

Como consta en todas las pruebas que se adjuntó en la demanda, pero que la justicia ni se tomó la molestia de consultar, y muy al contrario de lo que se asegura en la decisión, la calumniadora nunca pudo presentar “distintos documentos legales” que soporten el injurioso escrito, de fondo sin ética profesional de quien dice ser periodista, siendo unos comentarios públicos donde se falta a la verdad, que nunca se enmarcan dentro de la libertad de expresión, ya que la forma y el fondo tienen un discurso denigrante y peligroso en contra de todos los miembros de la SMPB, porque la figura jurídica SMPB tiene tras de sí personas, y es de ellas que se denigra sin fundamento.

Las opiniones escritas contradicen los dictados tanto de la constitución colombiana como la declaración universal de derechos humanos, “no se pueden realizar insinuaciones sobre una persona ajenas a la realidad, con el único propósito de fomentar el escándalo público”, otros organismos internacionales de derechos humanos opinan, “si bien regular a los medios es una necesidad de hoy”, esos medios no se deben utilizar para matonear a una institución con el esperpento jurídico de que se ofende al aviso, al nombre, a una entidad jurídica, sin tener en cuenta a las personas que están detrás de esa persona jurídica, quienes no deben molestarse, reclamar ni sentirse aludidos, cuando las declaraciones de la demandada son claramente violatorias al buen nombre y la dignidad de las personas. La decisión jurídica también falta a la verdad cuando asegura que las apreciaciones no están sujetas a los requisitos de veracidad e imparcialidad, ni es cierto que la demandada aporto elementos probatorios que soportaran sus aseveraciones, cosa que sí hizo la parte demandante, pero que la justicia parcializada no vio necesario tomar en cuenta.

Un juez como representante de la justicia colombiana, país con altísimo nivel de corrupción, manosea las leyes nacionales e internacionales para acomodar un veredicto acorde las costumbres de una república bananera, sin honor ni ponderación emite juicios sin el soporte de las pruebas. Los miembros de la SMPB leída la fundamentación de la decisión tomada, adquirimos el derecho a emitir cualesquier tipo de concepto denigrante sobre la función de este tipo de justicia, ya que como el juez mismo instruye, es posible hacerlo si no damos nombres, la figura jurídica no se ofende, y a nadie debe molestar nuestra opinión al respecto, ni faltamos al respeto a la majestad de la justicia, ya que es una entidad, y no dirigimos nuestras groseras palabras a un nombre en específico, tenemos luz verde a calumniar e injuriar, asegurar que la justicia se ha robado el buen nombre de la SMPB y de sus miembros, acusar de ladrones a los miembros del aparato judicial no es delictuoso, según pontifica la decisión de los jueces en este asunto, donde la legalidad depende de la opinión de una institución que es amorfa, y que enseña que las triquiñuelas son válidas, la justicia al menos la local, las acepta.